Espionaje policial masivo contra Podemos afecta a 59 diputados en dos años

Documentos recientes de la Audiencia Nacional han revelado un inquietante caso de espionaje masivo dirigido contra los miembros de Podemos

Documentos obtenidos por la Audiencia Nacional han sacado a la luz una preocupante realidad, la Policía Nacional realizó 6.903 búsquedas sobre los diputados de Podemos en solo dos años. Este espionaje masivo, conocido como la trama de la policía patriótica, tuvo lugar entre 2015 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y apunta a un uso sistemático y abusivo de los recursos policiales para vigilar a miembros de esta formación política.

Revelación de la trama de espionaje contra Podemos

En enero de 2016, Francisco Martínez, entonces número dos de Interior, pidió al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, que buscara información comprometedora sobre los políticos recién elegidos de Podemos. Esto se deduce de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos y extraídos del teléfono de Martínez durante la investigación del caso Kitchen. Este caso, vinculado al espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, también está relacionado con la vigilancia a Podemos.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, inició una investigación judicial en febrero tras una querella presentada por Podemos. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional remitió un informe detallando el uso de bases de datos policiales en 2015 y 2016 para investigar a los 69 parlamentarios de Podemos. Los datos enviados muestran búsquedas sobre 55 diputados, entre ellos líderes conocidos como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero y Pablo Bustinduy.

Análisis del espionaje: impacto en la democracia y derechos fundamentales

Los documentos revelan que las búsquedas fueron realizadas por 2.726 usuarios, lo que equivale al 3,66% de la plantilla de la Policía Nacional. Las bases de datos más utilizadas fueron Sidenpol, Argos y Objetos, y no cualquier agente puede acceder a ellas sin un carné profesional con chip identificativo y una contraseña. Este nivel de acceso sugiere un control significativo sobre las operaciones.

El informe también muestra que Segundo González García, entonces responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, fue rastreado más de 900 veces. Esto es notablemente más que Pablo Iglesias, quien registró 121 búsquedas. Lucía Martín, una de las impulsoras de la plataforma Afectados por la Hipoteca, fue buscada 800 veces. Estas cifras destacan un patrón de vigilancia intensa y desproporcionada.

Repercusiones legales y éticas: el camino hacia la justicia

Tras conocerse estos hechos, Pablo Iglesias ha pedido que los responsables policiales rindan cuentas ante la justicia. Iglesias enfatiza que la democracia se fortalecería si estos policías enfrentaran consecuencias legales. Sin embargo, expresa escepticismo sobre la posibilidad de justicia debido a la influencia de una derecha judicial legitimada por acuerdos políticos.

Violación de privacidad y abuso de poder en espionaje a Podemos

La recopilación y el uso de datos personales con fines policiales violan el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que solo permite injerencias por razones de seguridad nacional, pública o prevención de delitos. El análisis de estas búsquedas evidencia una desproporcionalidad alarmante tanto en la duración del espionaje como en la cantidad de búsquedas realizadas.

En definitiva, este caso de espionaje masivo contra Podemos no solo subraya un abuso de poder, sino que también plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos fundamentales y la integridad de nuestras instituciones democráticas. Es esencial que se investigue a fondo para asegurar que tales prácticas no se repitan y se mantenga la confianza en las autoridades y el sistema judicial.