Fiscalía anticorrupción investiga a coordinador general del PP por miles de contratos express

La Fiscalía indaga sobre posibles delitos penales en las contrataciones de personal temporal durante la pandemia

Las contrataciones efectuadas por la Junta de Andalucía bajo el mando del Partido Popular (PP) durante la pandemia están siendo investigadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. El sistema para captar personal temporal, conocido como contrataciones exprés, ya ha sido rechazado por la justicia en el plano contencioso administrativo; pero la investigación de la Fiscalía abre la puerta a la existencia de delitos penales.

Nuevas normas de contratación en marzo de 2020

En marzo de 2020, en lo más agudo de la pandemia, fue la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior la que emitió nuevas normas de contratación de personal. Esto posiciona en el ojo del huracán al entonces hombre fuerte de Moreno Bonilla, Elías Bendodo, actual coordinador general del PP Nacional y número 3 del equipo de Feijóo. Bendodo lideraba la Consejería andaluza entonces.

Indicios de delitos penales en contrataciones exprés

El hecho de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con sede en Madrid, esté investigando las contrataciones implica la existencia de indicios. Según ha podido saber ElPlural, las Diligencias de Investigación se abrieron el 6 de mayo de 2022, lo que se traduce en una triple ampliación del proceso de pesquisas para determinar si existe o no un delito penal por parte de la Junta.

Modelo de contratación a golpe de clic

El modelo de contratación permitía que, tras la publicación de la oferta de empleo en la web de la Junta y solo con la presentación de emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas, con titulación y declaración responsable, pudieran otorgarse plazas interinas en la administración andaluza. Funcionarios a golpe de clic, siempre que tengas la suerte de haberte enterado de la convocatoria durante las 24 horas que estaba abierta.

Contrataciones exprés anuladas por la justicia

Las contrataciones superaron las 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que hubo ofertas en las que no se especificó el número de puestos a cubrir. Las también conocidas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’ fueron anuladas por la justicia contencioso administrativa y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que señaló la vulneración de principios “constitucionalmente consagrados” por parte del gobierno andaluz.

Las consecuencias de las contrataciones exprés

Ante el rechazo generalizado de los tribunales y sin recurso de amparo por parte de los servicios jurídicos de la Junta, que quiso deshacer el entuerto y borrar todo el rastro de las contrataciones con una resolución de la Dirección general de Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos. Los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos desaparecen. Los interinos exprés solo mantendrían, al menos, sus retribuciones y cotizaciones.

Denuncias de sindicatos y sentencias a favor de interinos

Varios sindicatos denuncian la anulación que decretó Recursos Humanos, aludiendo que la carga agravante no podía recaer sobre unos trabajadores que se veían privados de los derechos que habían ganado a través de su puesto de trabajo en la administración, independientemente del acceso a este. De hecho, algunas sentencias judiciales en primera instancia fallan a favor de los interinos exprés despedidos y aún quedan muchas más sentencias por salir de los juzgados.

La falta de revisión de oficio en contrataciones

Otro aspecto que hace prever que la resaca será dura para Elías Bendodo es que la Junta de Andalucía no habría realizado una revisión de oficio para cada caso, un proceso extraordinario que analiza las particularidades del contrato y que se consolida con un dictamen del Consejo Consultivo.

Allanamiento ante sentencias y anomalías administrativas

El allanamiento ante sentencias judiciales y el hecho de que se hiciera pública una orden para deshacer el entuerto de los miles de contratos generados supone una rareza en el marco administrativo. Por lo general, las administraciones recurren sistemáticamente o cuentan con el respaldo del Consejo Consultivo o técnicos o letrados propios. No fue el caso.

Discriminaciones en las contrataciones exprés

Las convocatorias incurrían además en otro tipo de discriminaciones, como eran las de género, edad o discapacidad, ya que excluían a mujeres que estuvieran en periodo de lactancia o embarazadas, enfermos oncológicos o crónicos, como diabéticos, portadores de VIH o mayores de 60 años. En gran parte de las convocatorias aludidas, el trabajo no estaba conectado a la gestión sanitaria y al riesgo de contagio por COVID.

Consecuencias para el PP y contratos a aseguradoras privadas

Las contrataciones de la Junta de Andalucía bajo el paraguas de la emergencia por COVID siguen provocando quebraderos de cabeza para el PP. Tras verse obligados a desmontar la estructura jurídica de los contratos exprés han salido a la luz concesiones a aseguradoras privadas que se prolongarán hasta el próximo mes de junio. Estos contratos por cientos de millones de euros han ido prologándose al amparo de del Real Decreto-ley 7/2020 que suspendía garantías administrativas.

Caso paradigmático: Barveal

El caso paradigmático es el de Barveal, una empresa sin sede ni trabajadores y que en el ejercicio anterior presentó pérdidas, pero que recibió sin ningún tipo de concurrencia contratos por cuatro millones de euros para reparación de carreteras. Fuentes populares indican que las explicaciones por estos contratos se dieron antes de que la Fiscalía empezara sus pesquisas.

La Fiscalía investiga mientras el PP se defiende

A medida que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada avanza en su investigación, el PP intenta defenderse de las acusaciones y justificar las contrataciones efectuadas durante la pandemia. Sin embargo, la sombra de la duda persiste, y las irregularidades en los procesos de contratación siguen saliendo a la luz.