Gobierno Sánchez admite espionaje en movimientos sociales

El espionaje en movimientos sociales ha generado polémica y preocupación en la sociedad

El Gobierno admitió recientemente que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional solicitó autorización administrativa para infiltrar de manera secreta a un agente en movimientos vecinales y antifascistas en Valencia, utilizando una identidad falsa.

Este tipo de acciones se amparan en la figura del «agente de inteligencia», según el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Gobierno alega que la actuación de los agentes se lleva a cabo desde el estricto cumplimiento de la ley y con plena sujeción a los valores constitucionales.

Sin embargo, la infiltración en movimientos sociales ha sido objeto de críticas por parte de grupos políticos como Compromís y partidos independentistas catalanes. Estos argumentan que la actividad de los agentes encubiertos atenta contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

El Gobierno, por su parte, asegura que la actividad de los agentes de inteligencia no se centra en ideologías ni movimientos sociales, sino en la captación de información de interés para el orden y la seguridad pública.

Este tipo de prácticas no es exclusivo de Valencia. En el pasado, se han denunciado casos de infiltración en Barcelona, donde activistas acusaron a un agente de la Policía Nacional de cometer delitos como abuso sexual, revelación de secretos y tortura, al mantener relaciones sexo-afectivas con el objetivo de obtener información.

El debate sobre la ética y legalidad del espionaje en movimientos sociales sigue vigente, y es fundamental reflexionar sobre el equilibrio entre la seguridad del Estado y el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. La transparencia y el diálogo serán claves para encontrar soluciones adecuadas en este delicado asunto.