Juez de Barcelona abre investigación sobre el espionaje a Pere Aragonès implicando al CNI

El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha iniciado una nueva línea de investigación para esclarecer el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las actividades de espionaje contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Esta acción se lleva a cabo mediante el software Pegasus, conocido por su capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles para extraer información.

El secreto de la investigación y sus implicaciones

La investigación, que se ha declarado secreta por un período inicial de un mes con posibilidad de prórroga, profundiza en la legalidad y los actores involucrados en la operación de espionaje. Este secreto procesal garantiza que solo el juez y el fiscal del caso, Roberto Valverde, tengan acceso a los detalles de las pesquisas en esta etapa. El secreto excluye tanto a la defensa de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, representada por la Abogacía del Estado, como al letrado de Aragonès, Andreu Van den Eynde, de cualquier información provisional.

Prórroga de la investigación y reacciones legales

Además, el magistrado ha decidido extender la investigación por seis meses adicionales, siguiendo la recomendación de la Fiscalía y la acusación particular liderada por Aragonès. Esta decisión se opone a la solicitud de la defensa que buscaba el archivo del caso. Recientemente, el juez denegó una petición de archivo por parte de Esteban, apelada posteriormente por la Abogacía del Estado con el apoyo de la Fiscalía.

La validez del aval judicial para el espionaje

Una de las claves de la investigación es determinar si todas las instancias de espionaje a Aragonès contaron con el debido aval judicial. La defensa argumenta que el espionaje fue autorizado por un juez del Tribunal Supremo, encargado del control del CNI, basándose en documentos que, aunque presentados al juez, contienen secciones censuradas por contener información clasificada. Según estos, el permiso inicial fue concedido en julio de 2019, con prórrogas subsecuentes que extendieron la autorización hasta marzo de 2020.

Contradicciones en el período de espionaje

Sin embargo, discrepancias surgen respecto a la temporalidad del espionaje autorizado judicialmente y las fechas de infección detectadas en el dispositivo de Aragonès. Informes de Citizen Lab y una pericial adicional presentada por la defensa de Aragonès indican que su teléfono estuvo comprometido desde julio de 2018 hasta marzo de 2020, lo que sugiere actividades de espionaje fuera del período autorizado por el tribunal.

Implicaciones del informe pericial y reconocimiento de actividades de espionaje

El escándalo de Pegasus, que ha afectado aproximadamente a 60 figuras del entorno independentista catalán, ha revelado que estos dispositivos fueron comprometidos mediante una infraestructura informática única, según un nuevo informe pericial. Este hallazgo centraliza las operaciones de espionaje en una sola fuente, aumentando las complicaciones para los implicados en la defensa y la acusación.

En su testimonio ante el Congreso, Paz Esteban admitió el espionaje a políticos por parte del CNI bajo la cobertura de la legalidad y con aval judicial. Sin embargo, se desvinculó de cualquier otro ataque que no estuviera judicialmente autorizado, distinguiendo entre las operaciones reconocidas oficialmente y otras posiblemente irregulares.

Este caso continúa desarrollándose en un contexto de alta sensibilidad política y legal, con implicaciones significativas para la privacidad, la seguridad jurídica y las relaciones entre Cataluña y el gobierno central de España. La investigación no solo busca claridad y justicia para los afectados, sino también establecer un precedente en la regulación y supervisión de las actividades de inteligencia en España.