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La UE quiere encarecer el despido en España

Las empresas en España despiden a bajo costo; la UE busca soluciones para corregirlo.

Jeickson Sulbaran

7 de octubre de 2023 | 12:00 pm

A lo largo de las últimas décadas, la realidad laboral en España ha sido objeto de disputa y análisis detenido, no solo por organismos nacionales sino también por entes supranacionales como la Unión Europea. Esta preocupación no es infundada, dado que en España la reforma laboral de 2022, aunque supuso un paso significativo hacia la estabilidad de los empleados, no ha resuelto por completo las inquietudes respecto al coste y justificación del despido.

Una Mirada al Despido en el Contexto Español

Las empresas en España han encontrado mecanismos, a través de ciertas lagunas o flexibilidades legales, para minimizar sus costos al momento de realizar despidos. Específicamente, la figura del despido disciplinario ha sido instrumentalizada para permitir a las empresas rescindir contratos unilaterales arguyendo motivos que, en muchas ocasiones, se escoran hacia la subjetividad y la falta de solidez fáctica.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) se ha posicionado de manera contundente respecto a la necesidad de ajustar las prácticas de despido en España, para que estas no solo se alineen con los preceptos de justicia y equidad, sino que también respondan de manera coherente a los estándares establecidos por la Carta Social Europea.

Las Implicaciones del Artículo 24

El ya mencionado artículo 24 de la Carta Social Europea establece, en esencia, que los procedimientos y normativas respecto a los despidos deben ser examinados y evaluados por un Comité de Expertos Independientes. Este comité tiene la encomienda de asegurar que las prácticas y regulaciones de las reformas laborales no solo sean justas y proporcionadas, sino que además protejan los derechos y la dignidad de los trabajadores.

Este sistema contempla un mecanismo de recurso y revisión de las decisiones empresariales en materia de despidos, proporcionando así una vía de auditoría y control que es esencial para asegurar que los procesos de cese sean justos y transparentes.

Compensación por Despido: El Debate Actual de la reforma laboral

A pesar de las regulaciones vigentes, las cuales establecen que la indemnización por despido improcedente se calcule basándose en 33 días de salario por cada año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, y considerando también un incremento a 45 días por año trabajado para aquellos contratos anteriores a la reforma laboral de 2012 en España, persisten debates encendidos respecto a si estas medidas son realmente equitativas.

Además, es evidente que la normativa actual no toma en cuenta, de manera eficiente, otros factores vitales como la edad del empleado y su situación familiar y personal. En el modelo español, estas consideraciones han sido relegadas, en gran medida, a la discrecionalidad judicial, lo que genera un espectro de resultados que pueden variar significativamente de un caso a otro, sin seguir una línea coherente y homogénea.

El Horizonte Europeo

Frente a este panorama, la Unión Europea insiste en que es imperativo reformular las normativas y prácticas en España respecto al despido y las indemnizaciones. La propuesta no solo se centra en asegurar que las compensaciones sean justas y proporcionadas, sino también en que los procesos de despido sean transparentes, fundamentados y libres de arbitrariedades.

Conclusión: Un Futuro Laboral Más Justo

En un mundo donde la equidad y la justicia laboral se están posicionando como pilares centrales de las políticas socioeconómicas, España enfrenta el reto de adecuar sus regulaciones y prácticas a un estándar que no solo responda a las expectativas y derechos de los trabajadores, sino que también esté en concordancia con los principios y normativas que rigen a la Unión Europea.

Un despido no solo es una cuestión económica, es un evento que impacta de manera significativa en la vida de los trabajadores y sus familias. Por lo tanto, garantizar que estos procesos se realicen de manera justa y fundamentada no es simplemente una obligación legal, sino también un imperativo ético y moral en el contexto de una sociedad que busca ser más equitativa y justa.

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