Millonarios de Madrid y Ayuso recurren al Constitucional por impuestos

Los millonarios madrileños se suman a Ayuso y recurren al Tribunal Constitucional para pagar menos impuestos

En las últimas semanas, los ricos de Madrid han presentado una serie de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, en un intento por eludir el Impuesto sobre el Patrimonio. Esta estrategia, respaldada por el Partido Popular (PP) y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, busca poner en entredicho la legalidad del tributo que se restauró en 2021.

Los despachos de abogados y fiscalistas impulsan impugnaciones contra el Impuesto sobre el Patrimonio

Desde la imposición del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF) por el Gobierno de España, Ayuso ha reactivado el Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid. Este impuesto obliga a los contribuyentes con patrimonios superiores a tres millones de euros a pagar entre marzo y junio de 2024. Las impugnaciones, asesoradas por expertos en fiscalidad, buscan que el Tribunal Constitucional anule esta restauración.

El PP y los ricos, contra el Impuesto sobre el Patrimonio y sus potenciales consecuencias para los contribuyentes madrileños

Además, el PP argumenta que este impuesto puede vulnerar el principio constitucional de no confiscatoriedad. Incluso, consideran que convertir un impuesto temporal en permanente a través de los Presupuestos Generales del Estado es un defecto de forma. Sin embargo, muchos creen que estos argumentos son débiles y es poco probable que el Constitucional falle a favor del PP, dado que ya validó el ISGF.

A pesar de ello, las impugnaciones también plantean que la reserva de ley, protegida constitucionalmente, ha sido dañada por las prórrogas constantes del tributo. Aunque algunos asesores fiscales dudan del éxito de estas reclamaciones, otros continúan recomendando acudir a la Justicia, esperando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga una visión distinta sobre este tributo.

Impugnar puede salir caro

Ahora, los millonarios que impugnen podrían enfrentar riesgos adicionales. Romper la prescripción de un ejercicio podría permitir al Ministerio de Hacienda cuestionar la tributación de los contribuyentes a través de otros conceptos. Esto podría resultar en pagos aún mayores. Además, si el Tribunal Constitucional anula el Impuesto sobre el Patrimonio, los contribuyentes podrían verse obligados a tributar a través del ISGF.

En otras comunidades autónomas, las impugnaciones se han centrado en ejercicios no prescritos, especialmente aquellos posteriores a la aprobación del ISGF para patrimonios inferiores a tres millones de euros. Aunque el Constitucional ya validó el ISGF, hay reclamaciones en curso que esperan llegar a Europa.