Pablo Bustinduy impulsa medidas contra la publicidad de viviendas turísticas ilegales

Pablo Bustinduy, al frente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, propone una prestación por crianza universal y medidas contra el greenwashing y el turismo ilegal

La situación económica de las familias y los jóvenes en España ha llevado a Bustinduy a defender una prestación por crianza de 200 euros mensuales para todos los padres y madres con hijos. Este apoyo, planteado como universal, busca reducir la pobreza infantil y garantizar derechos de ciudadanía. Además, Bustinduy anuncia medidas contra la publicidad de pisos turísticos ilegales y la implementación de la Ley de Consumo Sostenible para combatir el greenwashing.

Prestación universal por crianza para reducir la pobreza infantil en España

La prestación por crianza que propone Bustinduy consiste en un apoyo económico mensual de 200 euros por cada hijo a cargo hasta los 18 años. Esta medida responde a la alarmante cifra de pobreza infantil en España, que según Unicef, es una de las más altas de la Unión Europea. La iniciativa, basada en evidencias científicas, se plantea como un derecho de ciudadanía y no como una simple ayuda, buscando su financiación a través de una reforma fiscal progresiva.

Además, Bustinduy destaca que 17 países de la UE ya implementan esta prestación, logrando índices de pobreza infantil mucho más bajos que España. La universalidad de la medida asegura su eficacia, evitando los problemas de las ayudas segmentadas por renta. La prestación también se presenta como un reconocimiento social de los costos de la crianza, similar a los derechos a la educación y la sanidad.

Medidas contra la publicidad de pisos turísticos ilegales y la Ley de Consumo Sostenible

Además, en el ámbito de la vivienda, Bustinduy ha tomado medidas contra las inmobiliarias que siguen cargando gastos a los inquilinos, a pesar de estar prohibido por la ley. Incluso, el ministerio perseguirá la publicidad online de pisos turísticos ilegales, con el objetivo de regular el mercado y proteger a los consumidores.

Por otro lado, la Ley de Consumo Sostenible busca combatir el greenwashing, es decir, la publicidad engañosa que presenta productos como ecológicos sin serlo. Esta ley establecerá definiciones claras y precisas de estas prácticas, garantizando que los consumidores tengan información veraz y que las empresas respeten reglas claras. El objetivo es promover una economía más sostenible con transparencia y fiabilidad.

Fiscalización del IVA reducido en alimentos y la regulación del juego online

El ministerio también ha iniciado una investigación para comprobar si los supermercados están aplicando correctamente el IVA reducido a los alimentos básicos. Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por reducir los costos de la cesta de la compra para las familias y garantizar la viabilidad de los productores. Bustinduy ha indicado que, una vez concluida la investigación, se remitirán las conclusiones al Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Respecto al juego online, Bustinduy ha anunciado la recuperación de restricciones, incluyendo la prohibición de utilizar famosos en campañas publicitarias. También se implementarán medidas adicionales como la verificación de edad y la regulación de las cajas de recompensas en videojuegos, que funcionan de manera similar a los juegos de azar y pueden generar patrones de conducta adictivos en menores.

Perspectivas y retos del Gobierno de coalición

Finalmente, Bustinduy reflexiona sobre la situación del Gobierno de coalición en España, destacando que, aunque existen diferencias en algunas iniciativas, es fundamental desdramatizar los conflictos y centrarse en trenzar mayorías parlamentarias para avanzar en la agenda política. La complejidad del momento político y parlamentario requiere flexibilidad y acuerdos, aspectos clave para la estabilidad y el progreso del país.

Sin duda, con estas iniciativas, Pablo Bustinduy busca fortalecer los derechos sociales y avanzar hacia un consumo más sostenible en España, respondiendo a las necesidades de las familias y promoviendo un entorno económico y social más justo y equitativo.