Puigdemont enfrenta cargos por €3,1M

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha formalizado su petición de que Carles Puigdemont y otros 34 exfuncionarios del gobierno catalán paguen conjunta y solidariamente 3,1 millones de euros por un supuesto desvío de fondos destinados a promover el proceso independentista de Cataluña. Este monto se desglosa en 883.695 euros por gastos relacionados con el referéndum del 1 de octubre y 2.209.503 euros por actividades de acción exterior no justificadas adecuadamente.

Contexto del caso

El caso se centra en la acusación de que estos fondos fueron utilizados de manera inapropiada para actividades que exceden las competencias autonómicas de Cataluña, especialmente en lo que respecta a la promoción y difusión internacional del proceso independentista y el referéndum ilegal del 1 de octubre, que ha sido un punto crítico en la reciente historia política de España.

Implicaciones legales

El fiscal Manuel Martín-Granizo ha reiterado en su informe que las evidencias demuestran que los actos llevados a cabo por los demandados están directamente relacionados con el perjuicio económico al erario público. Esta afirmación sostiene que el daño fue «real y efectivo» y adecuadamente documentado a través de diversas irregularidades en la gestión de fondos.

Figuras clave encausadas

Entre los encausados se encuentran figuras prominentes de la política catalana, incluyendo:

• Carles Puigdemont: Ex-presidente de la Generalitat y figura central del independentismo catalán.
• Artur Mas: Otro ex-presidente cuya administración también ha sido cuestionada por gestionar consultas independentistas.
• Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín, y Lluís Puig: Exconsejeros de la Generalitat, algunos de los cuales están actualmente en el exilio.
• Joaquim Nim y Antoni Molons: Funcionarios de alto rango implicados en la preparación del referéndum del 1 de octubre.

Reacciones y defensa de Puigdemont

Las defensas de los acusados, que incluyen a prominentes líderes de ERC y otros partidos independentistas, han criticado el proceso como políticamente motivado, especialmente en el contexto de las discusiones sobre una ley de amnistía que podría afectar estos y otros casos relacionados con el movimiento independentista.

Próximos pasos

Con la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (que actúa como acusación popular) reafirmando sus posiciones, el proceso se prepara para avanzar hacia un juicio que será clave no solo para los implicados sino también para el clima político general en España. Las conclusiones de este juicio podrían tener efectos significativos en las futuras relaciones entre Cataluña y el gobierno central, así como en la política interna catalana.

Esta situación subraya la compleja interacción entre la política, la gestión fiscal y la justicia, con el Tribunal de Cuentas en el centro de un debate que trasciende lo meramente económico para adentrarse en el ámbito de lo político y lo social.