Quemar la bandera de España hoy ya es delito

Los hechos ocurridos en 2014 finalmente han sido condenados por el Pleno del Tribunal Constitucional, aunque ha habido división de opiniones

Durante una protesta laboral en 2014, un sindicalista gallego quemó la bandera de España. Ahora, el Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la apelación, por lo que tendrá que pagar la multa de 1.260 euros que le fue interpuesta, puesto que ha considerado el acto como delito de ultraje a España.

Según se ha dado a conocer, la votación de los magistrados ha sido muy ajustada. Mientras que cinco de ellos han votado a favor de anular la sentencia por vulnerar la libertad de expresión, otros seis han decidido mantener la condena. Una condena que fue impuesta por la Audiencia de A Coruña.

Así fueron los hechos ocurridos en 2014

Todo el conflicto surgió en 2014 frente al Arsenal Militar de Ferrol durante un izado de bandera. Varios eran los manifestantes que se agruparon para protestar por un conflicto laboral con el personal de limpieza. Y fue ahí cuando uno de ellos, tras exclamar «puta bandera» le prendió fuego y la quemó.

Sin embargo, el condenado asegura que todo ha sido una invención del almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, puesto que nunca dijo esas palabras sobre la bandera. Fuera cual fuera la verdad, ahora el Pleno del Tribunal Constitucional ha ratificado la sanción interpuesta en un primer momento de 1.260 euros.

La condena por quemar la bandera de España acaba con la libertad de expresión del sindicalista

Según asegura la defensa, la condena interpuesta por quemar la bandera de España vulnera el derecho a la libertad de expresión. Es por eso que ha pedido que la decisión judicial dictada en un primer momento debe ser anulada. Un recurso que ha desestimado la mayoría del Pleno del Tribuna Constitucional.

De este modo, la condena servirá como precedente, por lo que a partir de ahora quemar la bandera de España será un delito de ultraje contra el país. Un delito que acarreará su correspondiente sanción, que en este caso ha sido de 1.260 euros y que el condenado en 2017 tendrá que abonar en su totalidad.