Querella de la Fiscalía contra Naturgy por incremento abusivo de precios eléctricos durante la pandemia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra la empresa Naturgy Generación S.L. por un delito relativo al mercado y los consumidores de energía eléctrica. La acusación se basa en el incremento abusivo de los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3, desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020, coincidiendo con la crisis económica y social derivada del Covid-19.

Abuso de posición dominante y estrategias de precios no equitativos

Las diligencias practicadas por la Fiscalía han concluido que Naturgy Generación abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos. La empresa adoptó, “de modo consciente y deliberado”, una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes en entornos de mayor competencia. Esta maniobra permitió a Naturgy Generación obtener un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros, generando un sobrecoste significativo para las entidades comercializadoras y, en último término, para los consumidores.

Origen de las diligencias y documentación clave

Las diligencias preprocesales se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por FACUA, una organización de consumidores que vela por los derechos de los usuarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también jugó un papel crucial, proporcionando documentación e informes que apoyaron la investigación.

Las diligencias fueron instruidas conjuntamente por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez Gil, y el fiscal Coordinador de la Sección Contencioso Administrativo y Social de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Manuel Campoy Miñarro. Ambos fiscales trabajaron estrechamente para desentrañar las prácticas abusivas de Naturgy Generación y documentar la estrategia de precios inflados que perjudicó a los consumidores.

Impacto y consecuencias para los consumidores

El incremento abusivo de los precios de producción energética no solo afectó a las entidades comercializadoras, sino que también tuvo un impacto directo en los consumidores finales. En un momento de crisis económica y social, con muchas familias enfrentando dificultades financieras debido a la pandemia del Covid-19, este tipo de prácticas resultan especialmente perjudiciales y condenables.

La querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional subraya la necesidad de proteger a los consumidores de las prácticas abusivas en el mercado energético. Este caso pone de relieve la importancia de la vigilancia y regulación efectiva por parte de organismos como la CNMC y la actuación decidida de las autoridades judiciales para garantizar un mercado justo y competitivo.