Ertzaintza revisa hasta los baños en inspecciones a perceptores de Lanbide

Estas inspecciones han generado críticas sobre posibles excesos en la vigilancia y han suscitado un debate sobre los derechos a la intimidad de los perceptores

Esta semana, la situación en Bizkaia ha alcanzado un nuevo nivel de preocupación. La plataforma Berri-Otxoak ha denunciado públicamente que Lanbide, junto a la Ertzaintza, ha comenzado a inspeccionar los hogares de los perceptores de ayudas sociales como la RGI, Complemento de Pensiones o Incentivos de Empleo. Este protocolo, que muchos consideran invasivo, ha generado un fuerte debate social en la provincia.

Revisiones a domicilio sin respaldo legal

Desde hace meses, familias de Barakaldo y otras localidades de Bizkaia han denunciado que agentes de la Ertzaintza acceden a sus domicilios sin ninguna orden judicial, amparados únicamente en protocolos de Lanbide. Estas inspecciones incluyen la revisión exhaustiva de enseres personales, armarios e incluso los cuartos de baño, lo que supone una clara vulneración de la intimidad de los ciudadanos. Según los denunciantes, estas prácticas se llevan a cabo bajo la coacción, ya que aquellos que se niegan a permitir el acceso a los agentes son amenazados con un “informe desfavorable” que puede llevar a la suspensión de las ayudas sociales.

Campaña de criminalización de la pobreza

Este protocolo, impulsado por Lanbide, ha sido interpretado por Berri-Otxoak como una campaña de criminalización contra personas en situación de vulnerabilidad. La plataforma sostiene que el Gobierno Vasco está utilizando a la Ertzaintza para fiscalizar de manera injusta a los beneficiarios de ayudas sociales, señalándolos como posibles estafadores. No obstante, según datos del propio gobierno, solo el 0,5% de los perceptores cometen fraude, una cifra que Berri-Otxoak califica de irrelevante.

El impacto en las familias vulnerables

Además, la invasión de los hogares y la revisión de sus pertenencias ha dejado a muchas familias en una situación de indefensión. Berri-Otxoak asegura que esta campaña no solo es injusta, sino que afecta gravemente a la dignidad de las personas que ya enfrentan dificultades económicas. Muchas de estas familias están compuestas por pensionistas, personas desempleadas o con empleos precarios, quienes ahora viven con el temor de perder sus prestaciones esenciales por decisiones arbitrarias.

En este contexto, Berri-Otxoak ha realizado varias movilizaciones para exigir el fin de estas prácticas y denunciar públicamente la actuación conjunta de Lanbide y la Ertzaintza. Las manifestaciones buscan no solo visibilizar el problema, sino también poner de relieve la necesidad de un cambio de enfoque en las políticas sociales del gobierno vasco. Las cifras oficiales revelan que el 22,3% de la población de la CAV enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que hace aún más incomprensible esta ofensiva institucional contra los más necesitados.