Éxito de EH Bildu logra aprobación para que empresas deslocalizadas devuelvan fondos públicos

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa presentada por EH Bildu, con 175 votos a favor, 158 en contra y 11 abstenciones, para la futura Ley de Industria. La propuesta busca condicionar las ayudas públicas que reciben las empresas al mantenimiento de la producción y de los puestos de trabajo, o bien exigir la devolución de las subvenciones en caso de que abandonen el Estado.

La iniciativa transaccional de EH Bildu ha sido acordada con el PSOE y Unidas Podemos, lo que permitirá el desarrollo legislativo para establecer los requisitos para recuperar las ayudas públicas otorgadas a las empresas que deslocalicen su producción.

El diputado Oskar Matute explicó en la tribuna que, aunque esta enmienda está inspirada en la reciente salida de Ferrovial, hay múltiples ejemplos en la última década de empresas que han sustituido la producción propia por producción extranjera. Entre ellas se encuentran Faurecia, Miasa, Apoyos Metálicos, Siemens-Gamesa y Drenasa. Matute indicó que el 63% de estas empresas son fondos de inversión y empresas con directivas extranjeras, mientras que un 37% son empresas españolas que, tras recibir subvenciones públicas, han decidido marcharse a otro país que consideran más conveniente fiscalmente.

EH Bildu propone condicionar las ayudas al mantenimiento del empleo durante un mínimo de cinco años, un detalle que no se ha acordado en la enmienda y que deberá debatirse en la futura ley.

La coalición soberanista vasca considera este acuerdo como “un buen punto de partida” para negociar la Ley de Industria y lo califica de “relevante”, ya que es la primera vez que el PSOE se muestra abierto a recuperar las ayudas públicas. Este avance en la legislación busca evitar que las empresas se aprovechen de los fondos públicos y luego deslocalicen su producción, dejando a trabajadores y comunidades locales en situaciones difíciles.

La futura Ley de Industria se centrará en la protección del empleo y el fortalecimiento del sector industrial en España, garantizando que las empresas que reciban ayudas públicas cumplan con sus compromisos en cuanto a la producción y el empleo. Con esta medida, se espera evitar situaciones como la de Ferrovial y otras empresas que han abandonado el país tras recibir fondos públicos.