La Fiscalía sostiene la pena a dos exalcaldes de Zaratamo

Los dos exalcaldes de Zaratamo enfrentan acusaciones de prevaricación por haber fraccionado ilegalmente contratos públicos para eludir los procedimientos de licitación.

La Fiscalía de Bizkaia ha ratificado su petición de inhabilitación de hasta 12 años para los dos exalcaldes de Zaratamo, acusados de prevaricación por la adjudicación irregular de contratos a un abogado externo durante casi una década. El caso, que fue denunciado por el antiguo secretario municipal, ha llegado a juicio tras varios años de investigación. Las acusaciones se centran en el fraccionamiento de contratos públicos para evitar los procedimientos de licitación establecidos por la ley.

Fraccionamiento de contratos y la evasión de licitaciones públicas

Los dos exalcaldes involucrados, Jon Ajuria y Roberto Ibarretxe, son acusados de haber fraccionado de forma deliberada los contratos públicos con el fin de evitar la convocatoria de licitaciones. Estos contratos fueron adjudicados al abogado externo Álvaro Cueto. Quien percibió pagos mensuales de 3.400 euros sin contar con un contrato vigente en varios periodos. En total, la cifra alcanzó más de medio millón de euros, lo que motivó la denuncia.

Irregularidades en la renovación automática de contratos desde 2010

Además, la investigación judicial reveló que los contratos adjudicados al abogado se renovaban de manera automática y sin concurso público desde 2010. A pesar de las advertencias del secretario municipal, Ajuria continuó firmando acuerdos con el letrado hasta el final de su mandato en 2019. Ibarretxe, por su parte, fue quien inició el primer contrato irregular en 2010, cuando ejercía como alcalde, y también está acusado de prevaricación, aunque con una pena menor de 7 años de inhabilitación.

La readmisión del abogado tras su despido

En 2019, con la llegada de un nuevo alcalde, se decidió poner fin a los servicios del abogado externo. Sin embargo, Cueto interpuso una demanda contra el Ayuntamiento, lo que llevó a su readmisión sin juicio como empleado municipal. Esta decisión ha sido duramente criticada por la Fiscalía, que señala que la readmisión se produjo en base a los contratos irregulares suscritos durante los años anteriores.

La Fiscalía mantiene las penas solicitadas y el caso queda visto para sentencia

En el juicio celebrado en septiembre, la Fiscalía ha mantenido la solicitud de 12 años de inhabilitación para Ajuria, 11 años para Cueto y 7 años para Ibarretxe. Durante la vista oral, las defensas de los acusados intentaron desacreditar al denunciante. Pero la Fiscalía ha insistido en la gravedad de las irregularidades cometidas. El caso ha quedado visto para sentencia y se espera que la resolución judicial se dé a conocer en las próximas semanas.