Rapapolvo a la diputación de Bizkaia por imposición de la atención digital

El Privilegio de Elección en la Era Digital

En un mundo en constante evolución tecnológica, la digitalización de los servicios parece ser el camino lógico a seguir. Sin embargo, la esencia de la democracia y la justicia se basa en garantizar los derechos ciudadanos y la autonomía de los individuos. La Diputación de Bizkaia se encuentra en el ojo del huracán por una cuestión que pone a prueba esta esencia: ¿Puede imponerse a los ciudadanos el uso exclusivo de medios electrónicos para relacionarse con la administración?

La Excepcionalidad de la Comunicación Electrónica

No es un tema menor. El Ararteko, en una clara defensa de los derechos ciudadanos, ha puesto en relieve que la obligación de interactuar con la administración exclusivamente por vía electrónica debe ser, sin lugar a dudas, «excepcional». Más aún, ha reforzado la idea de que cada individuo tiene el derecho fundamental de decidir cómo desea comunicarse.

El Caso que Encendió la Alarma

Para comprender la magnitud del problema, tomemos el caso de un jubilado que, al querer acceder a su información en la Hacienda de Bizkaia, se encontró con la imposición de hacerlo a través de la sede electrónica. Esta situación, lejos de ser un simple inconveniente, revela una problemática más profunda. Según la normativa foral, se le consideraba un «obligado tributario que debía relacionarse por vía electrónica con la administración». Pero, ¿es esto realmente justo?

Jurisprudencia y Derechos ciudadanos

El Ararteko no ha dejado lugar a dudas: «La respuesta de ese servicio no se ajustó a la legalidad vigente». La jurisprudencia es clara y contundente en este sentido. Las personas físicas deben tener el derecho a elegir el canal por el que se relacionan con la administración, y la imposición digital es, por naturaleza, una excepción a este derecho.

Recomendaciones a la Administración

Ante tales hechos, el Defensor del Pueblo vasco no se ha quedado de brazos cruzados. Por el contrario, ha instado a la Diputación a tomar medidas concretas. La primera y más crucial es brindar formación adecuada al personal encargado de la atención ciudadana. Esta formación no solo debe basarse en la legalidad aplicable, sino que debe enfocarse en ser cercana y comprensible, teniendo en cuenta a aquellos afectados por la brecha digital.

Además, en situaciones como la denunciada, es imperativo que las notificaciones se realicen de acuerdo con el medio que el ciudadano ha elegido. No puede ser que, en una sociedad democrática, se obligue a alguien a utilizar un medio con el que no se siente cómodo o que simplemente no domina.

Por último, es esencial realizar una evaluación exhaustiva de los colectivos vulnerables afectados por la brecha digital. Antes de establecer normativas o reglamentaciones, es imprescindible entender y empatizar con la situación y capacidad de estos grupos.

Conclusión

La digitalización de los servicios es, sin duda, una herramienta poderosa que ha revolucionado la forma en que vivimos y nos relacionamos. Pero no debemos olvidar que la tecnología está al servicio de las personas, y no al revés. Garantizar el derecho de cada ciudadano a elegir cómo interactuar con la administración es fundamental en una sociedad que busca ser justa, inclusiva y democrática.