Residente en la costa azul francesa cobra €123.000 en ayudas vascas

La sombra del fraude se extiende de nuevo sobre el Servicio Vasco de Empleo. Esta vez, un peluquero argelino residente en la Costa Azul francesa es el protagonista de la trama, acumulando desde 2014 al menos 123.000 euros en ayudas sociales vascas. Todo esto, mientras estaba empadronado de forma irregular en Vitoria y recibía, al mismo tiempo, subsidios sociales en Francia.

Un peluquero argelino, residente en Francia, percibe ayudas vascas desde 2014

El detenido, un argelino cuya profesión es peluquero, se aprovechó del sistema vasco, logrando acumular una significativa suma de dinero proveniente de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PVC). La policía nacional solo ha podido imputarle el cobro de 90.000 euros, correspondiente a la fecha en la que constaba oficialmente su residencia en Francia.

El caso, sin embargo, no es aislado. La trama de corrupción vuelve a dibujar un patrón conocido: ciudadanos extranjeros con empadronamientos irregulares se benefician de ayudas que, sin limitaciones de tiempo ni controles estrictos, parecen estar al alcance de aquellos dispuestos a burlar la ley.

Un patrón reincidente: ¿Quién controla las ayudas sociales en Euskadi?

Esta situación plantea una pregunta clave: ¿Cómo es posible que se perpetúen estas situaciones fraudulentas en el sistema de ayudas sociales vascas? ¿Dónde se encuentra el control y supervisión de estas medidas que, en principio, buscan ayudar a los más vulnerables?

El caso del peluquero argelino pone en evidencia el ‘modus operandi’ del fraude. Empadronarse de forma irregular parece ser el truco para eludir los controles, cobrar las ayudas y salir indemne. Esto, sumado al hecho de que los empleados del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide raramente investigan estas situaciones, genera un panorama propicio para la corrupción.

¿Qué acciones se están tomando para atajar el problema?

Las respuestas del Gobierno vasco ante este tipo de situaciones dejan mucho que desear. Hasta ahora, se desconoce si se ha iniciado alguna investigación sobre el caso del peluquero argelino. La transparencia y la rendición de cuentas parecen brillar por su ausencia.

A pesar de que se han promovido normas para aumentar los controles de las ayudas sociales, los hechos parecen demostrar que todavía queda mucho por hacer. El control político de los servicios jurídicos parece ser un obstáculo para la detección y persecución de los fraudes.

El Servicio Vasco de Empleo-Lanbide necesita urgentemente reforzar sus medidas de control y supervisión, garantizando que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan. Es esencial para la credibilidad y la efectividad del sistema social vasco que los casos de fraude sean detectados y castigados con celeridad y transparencia.