El ayuntamiento de Gorliz reconoce fallo judicial y retira recurso sobre caso de acoso laboral

Gorliz – La noticia llegó a las portadas en los últimos meses, generando debate y división en la opinión pública local. Pero finalmente, tras meses de tensiones, el Ayuntamiento de Gorliz ha tomado una decisión crucial: la retirada del recurso presentado contra el fallo que reconoció como accidente laboral la baja por ansiedad de una agente municipal debido al acoso de un compañero de trabajo.

Un Cambio de Gobierno, Un Cambio de Perspectiva

Es crucial entender que la apelación no fue un acto unánime. Fue interpuesta por el anterior gobierno municipal nada más conocer el veredicto en los últimos días de febrero de este año. Sin embargo, tras el cambio de administración, el equipo de Gorliz Bizirik ha mostrado una actitud diferente y constructiva hacia el caso. Han subrayado su compromiso hacia la justicia y los derechos de los trabajadores.

El equipo de gobierno actual, tras un análisis detallado de la situación, aseguró en una declaración reciente que «comparte y acata el veredicto judicial». Esta aceptación les llevó a la decisión lógica y comprensiva de retirar el recurso que había sido interpuesto en marzo contra el fallo.

El Núcleo del Problema: Protección y Salud Laboral

La situación en Gorliz es un reflejo de un problema más amplio que afecta a municipios y organizaciones en todo el país. La salud mental y el bienestar de los trabajadores deben ser una prioridad en cualquier entorno laboral.

El fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, que está en el centro de este caso, señaló específicamente que no se tomaron las medidas preventivas suficientes para proteger la salud de la trabajadora. Esta omisión, según el veredicto, llevó a la agente a una baja laboral a raíz del acoso que sufrió en manos de un compañero de la Policía Local de Gorliz.

Un Compromiso Renovado por la Dignidad Laboral

Frente a estos hechos, el Ayuntamiento de Gorliz no ha permanecido indiferente. En palabras de sus representantes: «Deseamos manifestar que seguiremos velando para garantizar a los trabajadores y trabajadoras todos los derechos laborales y la dignidad en el ejercicio de sus responsabilidades».

Es una declaración poderosa y necesaria, y que establece un precedente importante para el futuro. Las administraciones públicas y las organizaciones tienen la responsabilidad de garantizar que sus empleados trabajen en un ambiente seguro y respetuoso.

En conclusión, aunque la situación en Gorliz ha puesto de manifiesto algunas deficiencias en el trato y la protección de los trabajadores, también ha mostrado la capacidad de cambio y adaptación de las instituciones. La decisión de retirar el recurso y reconocer el fallo judicial es un paso positivo hacia la construcción de un entorno laboral más justo y seguro para todos.