ERC y Bildu instan a revisar los beneficios fiscales de las CCAA

ERC y Bildu piden evaluar el impacto de los beneficios fiscales en las comunidades

En un mundo donde la equidad entre territorios es más buscada que nunca, nos encontramos frente a un dilema que desafía la cohesión de un país. Nos referimos a la manera en que se reparten los recursos entre las diferentes comunidades autónomas de España, una tarea nada sencilla que ha llevado a ERC y EH Bildu a levantar la voz. Estos grupos han propuesto algo que, aunque parezca técnico, podría cambiar radicalmente el panorama financiero: revisar los beneficios fiscales de las comunidades autónomas para asegurar una distribución más justa de los recursos.

Lo curioso del asunto es que esta propuesta surge a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas que, al presentarse, destapó una realidad preocupante: actualmente no existe un seguimiento detallado sobre la ejecución de los presupuestos destinados a beneficios fiscales. Estos beneficios, que se traducen en menores ingresos por impuestos debido a incentivos tributarios, no están siendo monitoreados de manera que se pueda entender su real impacto. ¿Y si resulta que estamos navegando a ciegas en un mar de cifras y estimaciones poco precisas?

Lo que ERC y Bildu están pidiendo no es moco de pavo. Quieren que se amplíe la información recogida en las cuentas anuales para presentar el grado de ejecución del presupuesto de estos beneficios fiscales. ¿La razón? Sencilla y a la vez compleja: cuantificar el impacto que estos incentivos tienen sobre los ingresos de las comunidades. Imaginemos por un momento que, con esta información en mano, pudiéramos descubrir que algunos territorios están perdiendo importantes sumas de dinero, lo cual podría ajustarse para lograr una distribución de recursos más equitativa.

Pero eso no es todo. También solicitan información detallada sobre los cambios normativos que afectan las figuras tributarias, con un impacto directo en el modelo de financiación autonómica. ¿Por qué? Porque conocer el grado de ejecución territorializada de las inversiones estatales presupuestadas podría ser un juego cambiante para entender cómo se están distribuyendo realmente los recursos en el país.

Este llamado no es meramente administrativo o burocrático. Es un clamor por justicia y equidad en la distribución de los recursos. Es un reconocimiento de que solo a través de un seguimiento y evaluación detallados podemos anticipar el impacto presupuestario de los beneficios fiscales, analizar su ejecución y efectos reales, y adaptar las estrategias financieras a las necesidades reales y cambiantes de las comunidades.

Quizás algunos vean en esta propuesta una complicación innecesaria, un obstáculo más en el ya complejo sistema fiscal español. Pero lo cierto es que, sin un proceso de evaluación robusto, sin la transparencia y la precisión en el seguimiento de estos beneficios fiscales, estaremos siempre un paso atrás en la búsqueda de una distribución justa de los recursos, una que permita a todas las comunidades autónomas no solo sobrevivir, sino prosperar.

Por último, no podemos ignorar que detrás de esta propuesta hay un debate más profundo sobre lo que algunos llaman ‘dumping fiscal’, una práctica que podría estar beneficiando a ciertas comunidades en detrimento de otras. Esquerra Republicana, una de las voces detrás de esta iniciativa, ha sido clara en su llamado a una armonización tributaria que ponga fin a estas prácticas y favorezca un sistema más justo para todos.

Estamos ante un momento crucial, un punto de inflexión que podría definir el futuro financiero de nuestras comunidades. La pregunta es, ¿estaremos a la altura de este desafío?