España enfrenta embargos millonarios por recortes a las renovables realizado por el PP de Rajoy en 2013

La Corte Suprema de Australia falla en contra de España, obligándola a pagar una deuda de 101 millones de euros

Recortes en primas de energías renovables y demandas internacionales

En 2013, bajo el mandato del entonces presidente Mariano Rajoy, España realizó recortes a las primas de las energías renovables, afectando a empresas que ya habían comenzado a recibir estas ayudas. La normativa tenía carácter retroactivo y perjudicó a las compañías al mermar sus ingresos.

Como consecuencia, diversas empresas demandaron a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución dependiente del Banco Mundial. El litigio se resolvió en 2018 mediante un procedimiento de arbitraje, lo que resultó en una multa de 101 millones de euros para España, que aún no ha sido pagada.

Fallo de la Corte Suprema de Australia y posibles embargos de activos españoles

Este miércoles, la Corte Suprema de Australia falló a favor de la compañía Antin Infrastructure Services, a la que el Gobierno español adeuda 101 millones de euros. La decisión abre la puerta a embargar los activos españoles en Australia si la compañía no es resarcida. La semana pasada, el Tribunal Superior de Londres decretó el embargo de la sede del Instituto Cervantes, la embajada comercial de Cataluña y varias cuentas bancarias por impagos a Blasket Renewable Investments.

La Corte Suprema de Australia desestimó la apelación del Estado español y sostuvo que España está vinculada por el laudo del CIADI. Si el Gobierno no desembolsa la cantidad adeudada más los intereses devengados, se enfrenta al embargo de sus bienes en Australia, incluyendo la sede del Instituto Cervantes en Sídney, edificios, cuentas corrientes, obras de arte y los activos de Navantia en el país.

Repercusiones en otros casos y postura del Gobierno español

Antin no es la única compañía afectada que ha llevado a España ante la justicia ordinaria. El Tribunal Superior de Londres dictó órdenes provisionales de pago a Blasket Renewable Investments, garantizando la ejecución de la propiedad del Instituto Cervantes en Londres y la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña si no se les paga los 40 millones de euros adeudados.

El Gobierno español, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, considera que no hay motivos de preocupación y defiende su rechazo al pago y retención del dinero público, argumentando que «los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de Estado ilegal». De hecho, la Comisión Europea abrió una investigación en julio de 2021 al considerar que el plan de ayudas puesto en marcha por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pudo discriminar a los inversores españoles.