Investigación revela cinco presuntos nuevos delitos del novio de Ayuso

La situación legal de Alberto González Amador se complica con nuevas acusaciones que incluyen administración desleal y falsedad contable

La situación legal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se agrava significativamente. Más Madrid y PSOE han presentado un escrito que añade cinco nuevos presuntos delitos a la lista inicial, lo que complica la posibilidad de un acuerdo entre las partes implicadas y abre la puerta a un proceso judicial más largo y complejo.

Las nuevas acusaciones detalladas

Para ser más precisos, las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial. Estos son los cinco nuevos delitos por los que se investiga al novio de Ayuso:

1. Administración desleal: Dos delitos relacionados con la gestión desleal de recursos de empresas, perjudicando sus intereses para beneficio propio.
2. Falsedad contable: Manipulación de registros contables para ocultar operaciones reales y evitar la detección de irregularidades fiscales.
3. Corrupción en los negocios: Prácticas corruptas en actividades empresariales, posiblemente involucrando sobornos para obtener ventajas comerciales.
4. Delito contable: Alteración de documentos contables para disfrazar la verdadera situación financiera de la empresa, afectando la veracidad de las declaraciones fiscales.

Inicialmente, la defensa de González Amador había propuesto un acuerdo con la Fiscalía, aceptando reconocer dos delitos de fraude fiscal a cambio de ocho meses de prisión y una multa de 515.000 euros. Sin embargo, la inclusión de estos nuevos delitos por parte de las acusaciones populares ha complicado la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad.

Las implicaciones de las nuevas acusaciones

Desde Más Madrid han señalado que la declaración debe ser aplazada para permitir una investigación más exhaustiva de estos nuevos delitos. Además, solicitan una averiguación patrimonial detallada de González Amador, incluyendo un análisis de sus cuentas entre 2019 y 2022 y la presentación de las escrituras de compraventa de sus propiedades.

Por su parte, la magistrada del caso ha decidido suspender las declaraciones previstas para este lunes, aunque no ha mencionado explícitamente la posibilidad de aumentar el número de delitos imputados a González Amador. Las investigaciones se centran en las actuaciones relativas al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, donde supuestamente se habrían presentado facturas falsas para reducir la cuota tributaria. Las conductas descritas están tipificadas como delitos según el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del mismo código.

Así, con la suspensión de las declaraciones y la inclusión de nuevos delitos en la investigación, el caso del novio de la presidenta Díaz Ayuso parece encaminado a un largo proceso judicial. Las defensas consultadas indican que, si no se llega a un acuerdo de conformidad, podría producirse un juicio en el que se diriman todas las acusaciones, siguiendo un ejemplo similar al caso Tándem.

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades«. «Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito». El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.