Ayuso llegará a Bilbao con la propuesta de ilegalizar EH Bildu

Una anomalía democrática

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su apoyo a la propuesta de VOX de ilegalizar EH Bildu. Este apoyo llega tras la inclusión de 44 personas vinculadas con el terrorismo en sus listas electorales. Según Ayuso, esta situación constituye una “anomalía democrática” y es algo “inmoral“. La presidenta ha calificado de “indecente” que Bildu pueda formar parte de las instituciones.

La controversia con Bildu

Bildu ha sido acusado de corromper los censos en el País Vasco a través del terror y la expulsión. Además, parece que no cumple con la Ley de Partidos. En palabras de Ayuso: “Que un partido político que ha viciado los censos en el País Vasco va través del terror y la expulsión y que, además, se ve que no cumple con la Ley de Partidos, desde luego hay que plantearse una situación parecida.“

La postura de Feijóo

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la petición de Alberto Núñez Feijóo de que la abogacía comprobara cómo podría impedirse que el partido vasco estuviera en las listas, Ayuso se retractó ligeramente. Aseguró no saber exactamente qué se debe hacer y qué figura política corresponde a esta situación.

La duda legal

Ayuso expresó su incertidumbre sobre los límites de la ley en esta situación: “No sé qué hay que hacer, qué figura política corresponde, qué permite nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, pero creo que no cumplen con la Ley de Partidos estas candidaturas, teniendo en cuenta que son condenados por terrorismo, con delitos de sangre y que se presentan por municipios donde viven incluso sus víctimas.“

Un debate necesario

Esta controversia ha abierto un debate necesario sobre la democracia y el terrorismo en España. La inclusión de individuos condenados por terrorismo en las listas electorales de EH Bildu ha suscitado críticas y ha llevado a VOX y a políticos como Ayuso a cuestionar la legalidad y la moralidad de esta decisión. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre cómo se deben abordar estas cuestiones dentro del marco legal y constitucional existente. La búsqueda de respuestas a estas preguntas es crucial para asegurar la integridad de la democracia española.