La autovía de Bizkaia a Cantabria será de pago

El afán recaudatorio del Gobierno Sánchez no tiene límites

La autovía de Bizkaia a Cantabria será de pago. Esa y el conjunto de las carreteras del Estado español. Es el plan que ha transmitido el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas, que entraría en vigor a partir del año 2024. Un plan que ensayarán con autovías y autopistas para después ponerlo en práctica también en el resto de carreteras nacionales y regionales de alto tránsito.

Se trata del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas. Porque la pandemia ha creado un agujero enorme en las arcas y hay que recaudar de donde se pueda. En Bilbao afecta más bien poco, pues casi todo tiene peajes, pero la autovía de Bizkaia a Cantabria, a través de la cual muchos vascos y vascas acuden a su segunda residencia, sí que se verá afectada.

La autovía de Bizkaia a Cantabria, de pago

El Gobierno prevé implantar un mecanismo de pago por el uso de la red estatal de alta capacidad (autovías y autopistas) a partir del año 2024, pero abre la puerta a extender ese peaje a todas las carreteras de gran capacidad del país, tanto nacionales como regionales.

Una medida que hará que en las vacaciones de verano o Semana Santa, la autovía de Bizkaia a Cantabria se convierta en una fuente inagotable de ingresos. Y es que el coronavirus ha hecho muchísimo daño a nivel económico y hay que subir de donde buenamente se pueda.

26.000 kilómetros de carreteras para engrosar las arcas

Como hemos explicado, el plan de Pedro Sánchez consiste primero en ensayar el peaje en los 12.000 kilómetros de autovías y autopistas estatales para luego trasladar ese modelo de pago a los 14.000 kilómetros de carreteras nacionales de un solo carril que conforman la red estatal.

Para esto último, se requiere abrir un proceso de negociación con las Administraciones autonómicas para su implantación en las vías de alta capacidad que estén bajo la titularidad de estas. Todo esto se puede leer en el texto emitido por el Gobierno a Bruselas.