El Ayuntamiento de Getxo defiende legalidad en el derribo del palacete de Algorta

Esta postura ha generado un intenso debate entre los diferentes grupos políticos y la ciudadanía, debido a las dudas sobre la legalidad del proceso y la posible implicación de miembros del gobierno local.

El Ayuntamiento de Getxo ha sido protagonista de un intenso debate público tras el derribo del palacete ‘Irurak Bat’ en la calle San Nicolás de Algorta. Este edificio, que tenía protección patrimonial parcial, fue demolido por una promotora de la que forman parte dos concejales del PNV como cooperativistas. La polémica ha crecido debido a la posible existencia de trato de favor en el proceso, lo que ha provocado críticas y demandas de explicaciones por parte de la oposición.

El proceso sancionador y la respuesta del Ayuntamiento

El equipo de gobierno, formado por el PNV y PSE-EE, ha defendido su actuación señalando que se ajustó a la legalidad y que se procedió con diligencia cuando se tuvo conocimiento de la situación. A pesar de la demolición irregular, ya que el proyecto inicial contemplaba el mantenimiento de parte del edificio, el consistorio ha informado que se abrió un expediente sancionador a la promotora por no haber cumplido con los planes aprobados.

Desde el Ayuntamiento, han reiterado que actuaron de la misma forma que en otros casos de construcción de viviendas. Sin embargo, los grupos de la oposición no se han quedado conformes. El Partido Popular exigió explicaciones más claras y detalladas en la Comisión Territorial, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos demandaron que se lleve el caso a la justicia por un posible delito penal contra el patrimonio.

Investigación solicitada y las posturas políticas

Además, el PSE-EE, aunque forma parte del gobierno local, se desmarcó de las explicaciones del PNV y pidió más información antes de posicionarse oficialmente. Este distanciamiento interno ha generado aún más incertidumbre sobre la gestión del Ayuntamiento respecto a este caso.

Urbanismo de Getxo defiende actuación y promete reedificación

Por su parte, los responsables del área urbanística de Getxo, Álvaro González e Iñigo Urkitza, han defendido la actuación del Ayuntamiento. Negando cualquier trato preferencial hacia la promotora y asegurando que la demolición del palacete fue una acción irregular que no se comunicó a tiempo.

A pesar de la controversia, han señalado que el proyecto contempla la reedificación del inmueble manteniendo las características del edificio original. Lo que buscaría restaurar la legalidad y calmar la tensión social generada por la demolición. Este incidente ha dejado a la ciudadanía de Getxo pendiente de una posible investigación en profundidad. Que esclarecerá si realmente hubo irregularidades o si el proceso se ajustó a las normativas urbanísticas vigentes.