El TSJPV rechaza exigir euskera para policías municipales en la CAV

Esta resolución surge tras evaluar la medida como discriminatoria para aquellos que no dominan el idioma, mientras defiende la necesidad de garantizar los derechos lingüísticos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido una sentencia que rechaza la imposición del euskera como requisito obligatorio para formar parte de la bolsa de empleo de los policías municipales en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Esta decisión, que se había anticipado en un fallo anterior de un tribunal de Vitoria-Gasteiz en 2022, ha generado debate sobre los derechos lingüísticos de los vascoparlantes y la equidad en el acceso a estos puestos de trabajo.

La medida se considera discriminatoria

El TSJPV ha calificado la exigencia del euskera como discriminatoria para aquellos que no dominan el idioma, lo que supone un freno para acceder a la bolsa de empleo unificada de los policías municipales. Según el Tribunal, no es necesario que todos los agentes hablen euskera para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Es suficiente con que uno de los miembros del equipo que patrulla esté capacitado para comunicarse en el idioma, lo que evita imponer una barrera innecesaria a quienes no son bilingües.

Derechos lingüísticos vs. acceso laboral

La resolución del TSJPV defiende un enfoque equilibrado entre la protección de los derechos lingüísticos y la no discriminación en el acceso al empleo público. Aunque reconoce la importancia de salvaguardar la capacidad de los ciudadanos para comunicarse en euskera con la administración, sostiene que exigir el dominio del idioma a todos los agentes no es una medida proporcional. En su lugar, aboga por soluciones más inclusivas que permitan cumplir con los derechos de los vascoparlantes sin restringir el acceso al empleo.

Reacciones del Gobierno Vasco y futuros recursos

Además, el Gobierno Vasco, tras conocer la sentencia, ha anunciado que analizará el fallo antes de tomar una decisión sobre la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Supremo. La sentencia ha generado preocupación entre los defensores del euskera, quienes argumentan que esta decisión podría debilitar el uso de la lengua en las instituciones públicas.

Incluso, este fallo refuerza la idea de que el euskera no puede ser un filtro exclusivo para acceder a la función pública, aunque se mantendrá como un criterio importante para garantizar los derechos de los vascoparlantes.