6 de abril de 2025 | 1:10

Bizkaia

La nueva ley en Euskadi busca prevenir la deslocalización de empresas subvencionadas

Laura Rangel Ybarra

1 de agosto de 2023 | 4:00 pm

En desarrollo una legislación ‘antideslocalización’ en el Parlamento vasco

En un intento por frenar la fuga de empresas que han recibido ayudas públicas, el Parlamento vasco está desarrollando una ley sin precedentes. Esta normativa busca imponer límites por primera vez a las empresas que, después de recibir apoyo económico, deciden trasladar sus operaciones fuera de la región.

Confebask, la patronal vasca, ha levantado fuertes críticas contra los primeros borradores de esta propuesta de ley, calificándola de ‘injusta’. Sin embargo, los legisladores insisten en la necesidad de proteger el interés público y mantener el arraigo de las empresas en la región.

Críticas de Confebask y la polémica generada

Confebask ha sido una de las voces más críticas en esta fase inicial. La patronal considera que las medidas propuestas son restrictivas y podrían tener un impacto negativo en el clima empresarial de la región. Los detractores argumentan que las empresas deberían tener la libertad de mover sus operaciones según lo consideren necesario para su supervivencia y crecimiento.

La marcha de Ferrovial a Países Bajos despertó los temores a los procesos de deslocalización en todo España.

A pesar de estas críticas, el Parlamento vasco sigue adelante con la tramitación de la ley. La normativa busca salvaguardar los recursos públicos y asegurar que las ayudas concedidas se utilicen para beneficiar directamente a la economía local.

Los efectos esperados de la normativa

Si la ley se aprueba tal como está, Euskadi marcará un precedente en la forma de manejar las deslocalizaciones de empresas subvencionadas. La normativa podría ser un modelo para otras regiones que también buscan mantener el arraigo de sus empresas y prevenir la fuga de empresas que han recibido subvenciones.

En conclusión, la propuesta de ley ‘antideslocalización’ en Euskadi ha generado mucha polémica. Sin embargo, las autoridades insisten en que su objetivo principal es proteger el interés público y asegurar que las ayudas concedidas a las empresas beneficien directamente a la economía local. Habrá que seguir de cerca el desarrollo de esta ley y sus posibles impactos en el clima empresarial de la región.

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