Caso mascarillas: los desalmados Luis Medina y Alberto Luceño juzgados por estafa y falsedad en documento mercantil

El juez Adolfo Carretero propone juzgar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por estafa y falsedad en documento mercantil en el caso mascarillas, relacionado con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en 2020

El caso mascarillas ha sido uno de los escándalos más sonados en los últimos años en España, relacionado con la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia del COVID-19. El juez Adolfo Carretero ha propuesto juzgar a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por estafa agravada y falsedad en documento mercantil, además de delito fiscal y otro de falsedad en documento público en el caso de Luceño.

El juez explica que en el peor momento de la pandemia, Medina y Luceño urdieron un plan para obtener el mayor beneficio económico posible bajo la excusa de altruismo y ayuda al Ayuntamiento de Madrid. Entre marzo y abril de 2020, los empresarios se embolsaron casi seis millones de euros en comisiones con la venta de mascarillas, guantes y test COVID-19.

El Ayuntamiento de Madrid pagó cerca de 12 millones de euros por el material sanitario y, además de las altas comisiones, se encontró con que parte del material era defectuoso. La investigación ha dejado en evidencia la laxitud en los controles en la contratación, pero también la ocultación por parte de Medina y Luceño de su nula experiencia en temas de material sanitario y de sus elevadas comisiones.

La Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar estos contratos en noviembre de 2020, y terminó por querellarse contra Medina y Luceño en abril del año siguiente. La investigación también ha desvelado otras irregularidades, como el presunto delito fiscal de Luceño al tributar sus comisiones o el hallazgo de un carné falso del CNI durante el registro de sus propiedades.

El juez considera que estos hechos son suficientes para cerrar la investigación y enviar a juicio a Medina y Luceño. No obstante, el procedimiento deja en el aire incógnitas como el papel que jugó San Chin Choon, el supuesto proveedor de Malasia al que recurrieron. El magistrado da por buenos los indicios recabados hasta el momento, incluyendo las «instrucciones» que Luceño envió a Choon por escrito sobre la versión que debía mantener ante las autoridades.

El magistrado también descarta los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes con los que comenzó la investigación. Según concluye, Medina y Luceño no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo en el circuito financiero, sino que lo emplearon en la adquisición de bienes y productos detallados en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.