La ONU también es ETA

El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha expresado su firme intención de desafiar la derogación de las leyes de memoria histórica pactadas entre el Partido Popular (PP) y Vox en diversas comunidades autónomas, como Castilla y León, Aragón, y la Comunidad Valenciana. Esta acción ha provocado una ola de críticas y ha atraído la atención de organismos internacionales como la ONU, que ha censurado estos movimientos legislativos, sugiriendo que podrían contravenir las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

La reacción del Gobierno y el informe de la ONU

Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha sido vocal en su condena a estas acciones, describiéndolas como un retroceso en la lucha por la justicia y la memoria histórica. La ONU, por su parte, ha emitido un informe en el que se critica la supresión de entidades y actividades dedicadas a la memoria histórica, argumentando que estas leyes de concordia, como se las denomina, podrían transgredir los compromisos de España con la preservación de la memoria de graves violaciones de derechos humanos.

Medidas y oposición

En respuesta, el ministro Torres ha anunciado que iniciará el trámite legal para llevar estos cambios al Tribunal Constitucional, haciendo uso del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite la invocación de la Comisión Bilateral entre el gobierno central y un gobierno autonómico. Esta medida busca revertir las derogaciones y mantener viva la memoria de las atrocidades del franquismo, que son vistas como fundamentales para la educación y la cohesión social en España.

La reacción a la posición del Gobierno y al informe de la ONU ha sido mixta. Mientras que algunos sectores de la sociedad y partidos políticos como Vox defienden la derogación, argumentando que estas leyes de memoria histórica dividen a la sociedad española, otros, incluyendo víctimas del franquismo y sus familias, así como numerosos historiadores y activistas, ven estas acciones como un intento de borrar o minimizar las violencias del pasado.

Implicaciones políticas y sociales

Este debate no solo tiene implicaciones legales y políticas sino también profundas consecuencias sociales. La memoria histórica en España es un tema cargado de emociones y política, y cómo se maneja dice mucho sobre la dirección en la que el país desea moverse. El compromiso con la verdad y la justicia, frente a los movimientos de reconciliación nacional que algunos ven como encubrimientos o negacionismo, está en el centro de este debate.

El PP y Vox, al promover estas derogaciones, posiblemente buscan apelar a su base electoral más conservadora, pero al hacerlo, se arriesgan a alienar a una parte significativa de la población que demanda reconocimiento y justicia para las víctimas de la dictadura. El informe de la ONU y la respuesta del Gobierno español subrayan la tensión entre diferentes visiones de la historia y la memoria, y cómo estas visiones influyen en la política contemporánea española.

La resolución de este conflicto no solo definirá la trayectoria de las políticas de memoria en España sino que también será un indicador de la salud de su democracia, mostrando hasta qué punto el país puede reconciliar sus divisiones pasadas mientras respeta los derechos y dignidades de todas sus ciudadanas y ciudadanos.