Sumar presenta querella contra vocales del poder judicial por acuerdo antiamnistía

Sumar, el grupo liderado por Yolanda Díaz, ha registrado una querella por prevaricación contra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), propuestos por el PP, por el acuerdo aprobado contra la ley de amnistía. Esta decisión refleja una tensión creciente entre el ámbito político y el judicial en España, poniendo de manifiesto las complicadas dinámicas de poder y la preocupación por la separación de poderes.

La controversia del acuerdo y la acción de sumar

El CGPJ, que actualmente cumple cinco años con su mandato caducado, adoptó un acuerdo que declara la amnistía como una degradación del Estado de derecho, generando una reacción inmediata de Sumar. El grupo parlamentario considera que los consejeros actuaron de manera «ilegal y arbitraria», excediendo sus competencias. La querella, dirigida contra los nueve vocales que suscribieron el acuerdo y contra Vicente Guilarte, presidente suplente del Consejo, destaca la necesidad de mantener la independencia judicial y respetar los procedimientos legales.

Implicaciones políticas y judiciales de la querella

La querella de Sumar contra el CGPJ no solo es un paso legal importante, sino también un movimiento político significativo. Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU en el Grupo de Sumar, ha calificado el acuerdo del CGPJ como una «grave injerencia política». Además, la querella cuestiona la capacidad del CGPJ para emitir un juicio sobre una ley que aún no ha sido completamente formulada ni presentada, lo que podría interpretarse como una usurpación de funciones del Tribunal Constitucional.

Separación de poderes y el rol del CGPJ

Esta situación plantea preguntas fundamentales sobre la separación de poderes en España, especialmente en lo que respecta a la independencia del poder judicial. La querella sugiere que el CGPJ ha traspasado los límites de su rol, influenciando la opinión pública y potencialmente interfiriendo en procesos políticos legítimos. La necesidad de una mayor claridad y procedimientos unificados se hace evidente en este contexto político y judicial complejo.