El Constitucional ataca la normalización del euskera

El decreto de 2019 y su anulación

El reciente fallo del Tribunal Constitucional que anula la facultad de los ayuntamientos vascos de regular el uso prioritario del euskera ha generado una ola de preocupación en el mundo de la euskalgintza. Esta decisión se toma por considerarse que menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros del ayuntamiento. Sin embargo, cabe destacar que dicha resolución cuenta con votos particulares de los jueces Laura Díez y Ramón Sáez, que defienden la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad.

Un decreto que respeta la jurisprudencia, según algunos magistrados

Ambos jueces consideran que el decreto respeta escrupulosamente la jurisprudencia constitucional, permitiendo adoptar medidas de política lingüística para corregir situaciones de desequilibrio. También defienden la obligación de los poderes públicos de dirigirse a los ciudadanos y a los miembros de las corporaciones locales en la lengua elegida. Argumentan que la norma impugnada no hace más que reflejar esta obligación en el ámbito de las corporaciones locales.

Reacciones en el mundo de la euskalgintza

El fallo ha despertado gran preocupación entre los principales agentes de la euskalgintza. Andrés Urrutia, presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, sostiene que el fallo es negativo porque supone un obstáculo para la normalización del euskera, especialmente en el ámbito municipal.

A pesar de esto, Urrutia hace un llamamiento a la calma y a estudiar a fondo el contenido de la sentencia, a la espera de conocer los fundamentos jurídicos y la letra pequeña de la misma. Opina que la opinión de los votos particulares es más ajustada que la nota informativa, y considera fina la línea que separa la discriminación de la no discriminación.

Preocupación en el Euskalgintzaren Kontseilua

Por su parte, Idurre Eskisabel, secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, muestra una gran preocupación por lo que considera una ofensiva judicial contra el proceso de normalización y revitalización del euskera en Euskadi.

Eskisabel recuerda que, a pesar de ser oficial, el euskera sigue siendo una lengua minoritaria y minorizada, y está en una situación de vulnerabilidad. Lamenta que los jueces estén haciendo política lingüística, usurpando las funciones del poder legislativo y, en definitiva, pasando por encima de la voluntad de la ciudadanía.

Impacto en la vida cotidiana

Además, Eskisabel subraya que la sentencia del Constitucional vulnera los derechos de miles de ciudadanos, al negarles ser acogidos en la lengua en la que vertebran su vida en la relación con la Administración. También afecta a miles de trabajadores de la Administración, al impedirles la posibilidad y el derecho a trabajar en euskera.

La controversia que rodea a este fallo del Tribunal Constitucional pone de manifiesto la complejidad de la política lingüística y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Lo que está claro es que el debate sobre el uso del euskera y el castellano en la vida pública vasca está lejos de cerrarse.