Rato, mano derecha de Aznar, creó una estructura opaca en Bahamas, Mónaco, Ginebra e Isla de Man para defraudar a Hacienda y blanquear capitales

La fiscal Anticorrupción, Elena Lorente, ha desvelado en la recta final del juicio contra el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, una compleja red de operaciones diseñadas para ocultar su patrimonio y engañar a Hacienda. En su exposición de conclusiones definitivas, Lorente acusó a Rato de utilizar estructuras opacas y maniobras engañosas para ocultar millones de euros en activos, solicitando para él una condena de 63 años de cárcel por diez delitos fiscales y blanqueo de capitales.

Uso de estructuras opacas y engaño a Hacienda

Según la fiscal, Rato ha mantenido desde los años noventa del siglo pasado hasta cuatro empresas ocultas en jurisdicciones extranjeras como Bahamas, Mónaco, Ginebra o Isla de Man. Estas estructuras le permitieron evadir el control fiscal y ocultar una cantidad considerable de dinero. Además, Rato habría manipulado la amnistía fiscal, logrando aflorar selectivamente ciertos activos y pagar solo 11.000 euros en 2012, mientras recibía devoluciones de IRPF en otros ejercicios.

Acusación y pedidos de la Fiscalía

La fiscalía describe a Rato como una figura de «extraordinario poder» y «control absoluto», apodado «Zeus» por sus colaboradores, en referencia al dios principal del Olimpo. Esta influencia se habría extendido a su capacidad para manejar de manera discrecional las leyes fiscales a su favor. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía ha solicitado que Rato pague una multa de 42.440.000 euros y, junto con otros acusados, compense a la Agencia Tributaria con un total de 7.750.000 euros.

Reacciones y defensa de Rato

Hasta el momento, Rodrigo Rato ha intentado bloquear la investigación mediante la presentación de hasta 84 recursos durante la fase de instrucción, lo que la fiscal considera una estrategia para dilatar el proceso. Sin embargo, rechaza que pueda beneficiarse de cualquier atenuante por dilaciones indebidas, atribuyendo estos retrasos a las maniobras del propio acusado para entorpecer la justicia.

La conclusión del juicio se aproxima, y con ella, una posible condena significativa que podría marcar un precedente en casos de corrupción de altos cargos en España. La determinación de la fiscalía en perseguir estas infracciones subraya la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión pública y financiera.